El Gobierno afgano ha prohibido durante los próximos diez días cualquier protesta pública por razones de seguridad, tras el ataque suicida contra una manifestación pacífica en Kabul que provocó al menos 80 muertos y más de 200 heridos. La prohibición afecta a todo el país asiático en "reuniones públicas y protestas", según ha anunciado el portavoz del Ministerio del Interior de Afganistán, Najib Danish.
Danish ha afirmado que la prohibición pretende "asegurar la seguridad de los ciudadanos" en general y en particular durante los funerales de los fallecidos en el ataque, que se espera que se celebren en los próximos días.
El ministerio, en un comunicado, ha asegurado que había empleado todos sus "servicios y capacidades" para garantizar la seguridad en la marcha contra la que se cometió el atentado, pero los atacantes aprovecharon "el mínimo lapso y una situación sensible" para atentar".
Pese a la prohibición, el denominado Movimiento Esclarecedor, convocante de la manifestación, ha anunciado en un comunicado que organizará nuevas protestas y ha pedido el apoyo de los afganos en "esta situación sensible".
El ataque ya ha sido reivindicado por el Daesh, y ha acabado con la vida de al menos 80 personas y más de 230 heridos, de acuerdo con los últimos datos oficiales. El atentado se produjo durante una marcha sin connotaciones religiosas, que estaba convocada para protestar contra un plan energético del Gobierno que los hazaras denuncian excluye a una provincia de esta minoría.
Afganistán guarda hoy una jornada de luto nacional, con las banderas a media hasta en los edificios públicos como señal de duelo. La comunidad hazara forma parte del 9 % de chiíes en Afganistán, un país predominante suní, y que en los últimos dos años ha sido objeto de ataques sectarios y secuestros por parte de grupo reivindicados como los talibanes o los yihadistas.