Según adelantó el diario 'Le Monde', los implicados son 15, varios de ellos agentes de la Policía, a quienes se les acusa de obtener información de forma ilegal sobre los posibles antecedentes penales del personal de la empresa de muebles y de violar el secreto profesional.
Entre los implicados están los antiguos directores generales de Ikea, Jean-Louis Baillot y Stefan Vanoverbeke, además de varios policías que supuestamente consultaron el Sistema de Tratamiento de infracciones constatadas (STIC), un fichero policial en el que aparecen las personas que han cometido alguna infracción.
El abogado de los trabajadores de la empresa, Sofiane Hakiki, afirmó en declaraciones recogidas por 'Le Figaro' que sus clientes "se felicitan por la posición de la Fiscalía", y dijo que esperan que el juez de instrucción tramite el caso.
A pesar del alegato de la Fiscalía de Versalles, la decisión final será del juez de instrucción, que en un máximo de tres meses deberá decidir si los acusados comparecen en el Tribunal correccional o si, por el contrario, dicta un sobreseimiento.
La polémica del espionaje que rodea a las tiendas de Ikea en Francia comenzó cuando el semanario satírico 'Le Canard Enchaîné' reveló el caso en 2012, y afirmó que la empresa pagaba 80 euros cada consulta para poder acceder a los datos personales que les interesaban. De momento, la filial francesa de la multinacional sueca no se ha pronunciado al respecto.