Según la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), demandante en el caso contra el Ejecutivo, un magistrado de Washington D.C. ha decidido emitir una orden de bloqueo de estas prácticas implementadas hace semanas por el fiscal general Jeff Sessions, quien ordenó rechazar por defecto estas peticiones de asilo.
Dentro de esta disputa, el juez también determinó frenar el proceso de deportación de una madre y su hija, que ya se encontraban en un avión rumbo a su país de origen en Centroamérica, a pesar de que se había garantizado previamente que no se procedería con ninguna deportación hasta la medianoche del jueves.
En este sentido, el magistrado de la corte de Washington ha considerado "inaceptable" que alguien sea expulsado del país mientras aún se decide sobre su causa en un tribunal federal. La abogada principal en este tipo de casos de ACLU, Jennifer Chang, ha asegurado que "en sus prisas por deportar a todos los inmigrantes posibles, la Administración Trump está poniendo en grave peligro a mujeres y niños de ser violados o asesinados".
En un documento publicado el 11 de junio por el Departamento de Justicia, Sessions precisó que "en general" las víctimas de violencia doméstica o de pandillas "no serán elegibles para el asilo".