Un juez federal en Texas ha anulado este jueves una estipulación clave de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, conocida como Obamacare, y puesto así en peligro una gama de servicios preventivos, incluidos los exámenes por cáncer y salud mental. El magistrado Reed O'Connor, que ya ha emitido varios fallos contra la ley de salud promulgada por Barack Obama en 2010, ha validado el reclamo de un grupo de empresarios conservadores en Texas que argumentan que esas estipulaciones son inconstitucionales.

El fallo anula las recomendaciones del Equipo de Trabajo de Servicios preventivos, cuya tarea es la determinación de qué tratamientos de prevención requeridos por la ley tienen cobertura bajo los seguros sin costo para el paciente. O'Connor ha dictaminado que dicho equipo es inconstitucional porque sus miembros, que son 16 científicos y profesionales de la medicina voluntarios, no son designados por el presidente ni confirmados por el Senado, y sin embargo sus recomendaciones son vinculantes.

Asimismo, considera ilegal el requisito de que las compañías de seguros y los empleadores ofrezcan planes de cuidado de la salud que cubran las medidas para la prevención del VIH sin coste para el usuario. En opinión del juez, la obligación de cobertura del medicamento profiláctico PrEP viola los derechos religiosos de los empleadores y por lo tanto no debería aplicarse a ellos.

La decisión puede ser objeto de apelación y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la opción de solicitar que el dictamen de O'Connor quede en suspenso mientras se procesa la apelación. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha indicado que los Departamentos de Justicia y Salud ya están revisando el fallo judicial para decidir cuáles son los siguientes pasos y ha arremetido contra él, aseverando que "ataca" el derecho de los estadounidenses a decidir sobre su salud.

El fallo de O'Connor pone en peligro, con carácter inmediato, el acceso a los tratamientos para unos 100 millones de personas que en Estados Unidos usan los servicios preventivos cada año. Además, la decisión deja la puerta abierta para que las aseguradoras impongan cuotas deducibles y pagos adicionales para la obtención de exámenes y análisis que pueden salvar vidas.

En enero, el Gobierno de Joe Biden anunció que aproximadamente 15,9 millones de personas se habían apuntado el año anterior en los diversos planes cubiertos por la ley. Los republicanos en el Congreso, que se opusieron a la aprobación de la norma, han iniciado varias veces gestiones para anularla y no lo han logrado. Ya durante su campaña de 2016, Donald Trump prometió que la anularía y la reemplazaría con algo mejor, pero tampoco logró apoyo suficiente y la ley sigue vigente.