La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra el embajador y el segundo embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá, respectivamente, por falta de medidas de seguridad en el atentado contra la Embajada en Kabul en 2015, en el que murieron dos policías españoles.
Se trata de un auto del juez Santiago Pedraz que admite la querella presentada por familiares de uno de los policías fallecidos y otras víctimas, presentada por supuestos delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa en relación con la falta de medidas de seguridad en el citado atentado, cometido el 11 de diciembre de 2015.
El magistrado acuerda notificar la resolución a los dos querellados y a la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio del Interior, por si pretende personarse en defensa de los intereses del Estado desde el inicio de la instrucción.
La resolución del magistrado recoge los hechos en que se basa la querella relativos a las carencias en materia de seguridad desde el inicio de la construcción de la Embajada, en el año 2008, deficiencias que se comunicaron al embajador y al Ministerio de Exteriores.
Según la querella, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, se denuncia que Pérez de Agreda "nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia".