El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, informó de que ha devuelto a sus padres a 364 niños indocumentados mayores de cinco años que habían sido detenidos en la frontera con México, según documentos judiciales.
La reunificación de estas familias es consecuencia del mandato de un juez federal de San Diego, que ha dado de plazo al Gobierno federal hasta antes de la medianoche del 26 de julio para devolver a 2.551 menores inmigrantes de entre cinco y 17 años separados de sus padres por las autoridades estadounidenses, como resultado de una demanda judicial.
En un informe conjunto presentado al juez Dana Sabraw, el Gobierno informó de que de los 2.551 menores en esa franja de edad sólo son elegibles para ser reunidos con sus padres 1.606 niños, mientras que más de 900 potenciales de reunificación no califican debido a que entre otros motivos los progenitores tienen antecedentes criminales o renunciaron a ese beneficio.
Del grupo que ha catalogado como elegible, 848 ya han pasado la investigación y podrán ser reunificados con sus padres, mientras que otros están a la espera de ser entrevistados por las autoridades federales o sus progenitores han sido liberados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU.
En el escrito judicial, el Gobierno federal informó de que cuentan con una orden de deportación de 719 padres que forman parte del objeto de esta demanda colectiva, entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El juez Dana Sabraw ordenó a la actual Administración en junio pasado la reunificación de los cerca de 3.000 menores que fueron separados de sus progenitores tras cruzar la frontera con México como parte de la política de Trump de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal. El pasado martes se cumplió la primera parte del plazo dado por el magistrado al Gobierno para reunificar a las familias de los niños más pequeños.
El Gobierno debía entregar a 103 menores de cinco años, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a poco menos de 60 debido, según el Ejecutivo, a medidas de seguridad con los niños, entre otros motivos. El magistrado había establecido que la Administración federal entregara un informe sobre las investigaciones y pruebas de parentesco hechas a fin de garantizar que dejara en libertad en el plazo fijado y de manera segura a todos los menores de más de 5 años que fueron "impropiamente separados" de sus padres.