El fiscal general de Venezuela investigará las "decenas" de muertes de "civiles y militares" durante el ataque de EEUU

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este martes la designación de tres funcionarios de su despacho para investigar las "decenas" de muertes ocurridas en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país, que concluyó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, ha denunciado que EEUU ha violado el derecho internacional al efectuar lo que ha descrito como el "secuestro" del expresidente del país y ha exigido su inmediata liberación.

"Hemos designado, como Ministerio Público, a tres fiscales para investigar las decenas de bajas inocentes civiles y militares ocurridas en medio de este horrible crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana", ha indicado Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la inauguración de una nueva legislatura del Parlamento venezolano.

Hasta el momento, Caracas ha confirmado la muerte de al menos 24 de sus militares durante los bombardeos. Por su parte, el domingo, el Gobierno de Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante el ataque estadounidense en territorio venezolano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, explicó en redes sociales que los militares de su país "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin más detalles.

El ministerio cubano del Interior indicó en redes sociales que entre los fallecidos hay personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia.

Poco antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado que "muchos en el otro bando" fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos "muchos cubanos" que lo protegían.

Fuentes venezolanas citadas por 'The New York Times' revelaron que murieron 80 personas en la operación en Venezuela, mientras que funcionarios de Washington dijeron que media docena de soldados estadounidenses resultaron heridos, aunque Trump no quiso confirmar las cifras.

Este lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.

González vivía en la urbanización Rómulo Gallegos, en el sector Catia La Mar, un área que se encuentra a un costado de la Meseta de Mamo, donde está ubicada la Academia Militar de la Armada Bolivariana, que fue uno de los objetivos de los ataques estadounidenses del sábado.

Según relataron a 'EFE' residentes del sector, la octogenaria resultó herida dentro de su casa durante una de las explosiones, la trasladaron a un hospital cercano, pero falleció. Su apartamento quedó completamente destruido, luego de que su edificio recibiera el impacto de los bombardeos.

Inmunidad de Maduro

Al mismo tiempo, Saab ha recordado al gobierno estadounidense que Maduro goza de inmunidad al tratarse de jefe del Estado de Venezuela. "La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho Internacional", ha manifestado.

Además, ha lamentado que la operación militar deja "literalmente a las puertas de la agonía" al derecho internacional y de los derechos humanos.

Por ello, Saab ha exigido a EEUU "de manera inmediata" la libertad "sin condiciones", tanto de Maduro como de su mujer porque su captura es "totalmente nula y en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución de los Estados Unidos de América".

Hecha esta denuncia, Saab ha procedido a saludar la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, a quien ha ofrecido todo su respaldo "en el marco de la cooperación entre poderes públicos, un principio constitucional clave para la paz democrática".

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