El Gobierno francés, la defensora del Pueblo europeo y el grupo parlamentario de Podemos en Europa critican estos días el fichaje del expresidente de la Comisión Europea (CE) José Manuel Durao Barroso por el banco de inversión Goldman Sachs, asegurando que perjudica al proyecto europeo y que atenta contra el interés público.

"Si convertimos las instituciones europeas en una gran puerta giratoria, la soberanía de los ciudadanos desaparece y lo único que se consigue es dar fuerzas a los argumentos euroescépticos", dice Tania González, eurodiputada y portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo (PE) en un comunicado. González asegura que con este fichaje, la independencia de la política europea "queda comprometida" y que es un "escándalo" que otro alto cargo de la Unión Europea (UE) utilice "sus influencias políticas para alcanzar puestos en empresas multinacionales". Considera, por lo tanto, que se debería endurecer el código de incompatibilidades después de ejercer el cargo, así como la renuncia a la pensión de 24.000 euros al mes que recibe el expresidente de la CE hasta que encuentra trabajo.

Cabe recordar, sin embargo, que, aunque la CE ha informado de que Barroso renunció el 1 de enero de 2015 a su derecho a la asignación económica de transición, el expresidente seguirá teniendo derecho a su pensión de jubilación, fijada en el 70% de su último salario base. Es decir, seguiría cobrando unos 18.000 euros al mes una vez se jubilase.

La delegación socialista francesa en la Eurocámara ha propuesto que se le retire este derecho, a la vez que el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Harlem Désir, ha pedido al propio Barroso que renuncie al fichaje por el banco privado. "Es el peor servicio que un presidente de una institución europea podía hacer al proyecto europeo en un momento de la historia en el que, por el contrario, necesita ser apoyado, reforzado", dijo. En su opinión, al aceptar ese trabajo "Barroso hace la cama a los antieuropeos. Le pido solemnemente que renuncie a ese puesto".

Finalmente, La defensora del Pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha pedido endurecer las normas éticas para excomisarios y expresidentes de la CE, ya que duda de que sean suficientes para proteger el interés público. En su opinión, cualquier indicio de que el espíritu de la ley está siendo ignorado puede poner en riesgo la confianza pública en la UE y socavar "los pasos positivos" que la Comisión ha dado hasta ahora en cuestiones éticas.