La votación que está convocada este martes en la Cámara de los Comunes de Reino Unido en la que se va a discutir el Tratado de Retirada de la Unión Europea pactado entre Londres y Bruselas ha generado todo tipo de especulaciones, no ya por lo que se va a votar sino en lo que puede ocurrir en los días posteriores a la votación.

Todas las opciones posibles están encima de la mesa: desde un posible adelanto de elecciones si el Partido Laborista consigue sacar adelante la moción de censura, hasta un segundo referéndum.

En el supuesto de que el Parlamento británico diga "sí", el supuesto más improbable según las encuestas, significaría que la mayoría de los diputados dan el visto bueno al acuerdo del Brexit. Con esto, se abriría un escenario en el que el Parlamento Europeo también rectificaría el texto y Reino Unido abandonaría la UE el 29 de marzo.

Si la Cámara de los Comunes rechaza el acuerdo, pero por un estrecho margen, permitiría a May volver a Bruselas en busca de nuevas "garantías" para sumar los apoyos necesarios en una hipotética segunda votación parlamentaria.

En cartas de Donald Tusk y Jean-Claude Juncker han dejado claro que no cabe renegociación alguna del tratado. Si Londres busca algún guiño de Bruselas, May podría optar por suavizar algunas de sus peticiones, por ejemplo manteniendo a Reino Unido en la unión aduanera.

Si el Parlamento británico tumba por abrumadora mayoría el plan de May, la primera ministra vería seriamente amenazado su liderazgo dentro de los "tories" y también la amenaza de un adelanto electoral.

El Gobierno británico podría verse abocado a solicitar una ampliación de los plazos para que el país no abandone la UE el 29 de marzo. Esta prórroga, daría más tiempo a Reino Unido para resolver cuestiones internas.

El escenario más convulso pasaría por una ruptura sin ningún tipo de red, en el que las normativas comunitarias dejarían de aplicarse el 30 de marzo, algo que conllevaría grandes perjuicios para las empresas y los ciudadanos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en diciembre que Reino Unido tiene derecho a paralizar todo el proceso de forma unilateral, son consensos previo con la UE. May ha reconocido que hay una posibilidad de que el Brexit se pare por la falta de consenso parlamentario, pero se ha mostrado reacia a jugar esta carta.