A través de un documento remitido a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1.442 menores indocumentados entre cinco y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Otros 378 han sido liberados en "circunstancias apropiadas", según consta en el documento judicial, y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE o a algún otro familiar, lo que eleva la cifra a 1.820 menores reunidos.

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Ese total, no obstante, es inferior a los 2.551 menores mayores de cinco años que según una orden del juez Dana Sabraw tenían que haber sido devueltos con sus padres, tras ser separados de sus familias a consecuencia de la política de 'tolerancia cero' hacia la inmigración ilegal.

El Gobierno había señalado con anterioridad que solo 1.634 menores eran "elegibles" para la reagrupación ordenada por Sabraw, quien está a cargo de una demanda planteada contra las autoridades migratorias por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

"El plan de reunificación presentado a la corte está avanzando, y se espera que resulte en la reunificación de todos los miembros de la demanda colectiva que son elegibles para reunificación", se lee en el escrito de hoy. Los abogados de ACLU, sin embargo, han criticado el tono triunfalista que se desprende del informe del Gobierno.

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"Claramente no se conseguirá una reunificación total, solo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias", señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.

La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio. En el documento, el Gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.