Estados Unidos busca luchar contra la 'epidemia' del fentanilo a través de una plan de choque al que han llamado "fuerza de ataque" para reforzar la lucha contra esta droga. El plan recoge dos vías: estrangular económicamente a los traficantes para que no blanqueen y evitar que el fentanilo llegue. En este segundo caso, cabe recordar que los elementos químicos del fentanilo son fabricados en China, pero esta no los meten en EEUU, sino que en México y llega al país a través de cárteles de la droga.

Este lunes el país norteamericano ha anunciado esta "fuerza de ataque" contra el tráfico de fentanilo en el país , que moviliza recursos del Departamento del Tesoro y estará dirigida por su división de Investigación Criminal y por la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI). La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha apuntado en un comunicado que luchar contra el flujo mortal de fentanilo en el país "es una prioridad" para la que su departamento usará todas las herramientas a su disposición.

Esa nueva fuerza, según ha señalado el subsecretario del TFI, Brian Nelson, actuará de forma rápida y decisiva con especialistas de primer nivel "para responder ágilmente a las amenazas más recientes". El copresidente de esa entidad, Jim Lee, ha recordado que el Tesoro ha desempeñado ya un rol crucial al sancionar a individuos y compañías involucradas en el tráfico de ese potente opioide, responsable de más de 100.000 muertes anuales en el país.

El Tesoro ha considerado que al alinear "de forma estratégica" las investigaciones y la información de los principales componentes involucrados esa fuerza "aumentará el impacto financiero" de las medidas ya adoptadas contra ese comercio ilícito. La nueva fuerza aprovechará las competencias y experiencia del Departamento del Tesoro y de su personal para identificar y contrarrestar delitos financieros relacionados con esa droga, y promoverá los objetivos de la Administración de Joe Biden al respecto, como atacar la cadena de suministro o colaborar con México y Canadá en esa lucha.

Desde que Biden firmara en diciembre de 2021 una orden ejecutiva que autorizaba las sanciones contra extranjeros implicados en ese tráfico se han impuesto ya 250 a personas y compañías, con una atención particular en la cadena de suministro.