Giorgia Meloni llegó a la arena política con propuestas y promesas que a muchos escandalizaron por su corte ultraderechista, sobre todo en materia de migración. Ahora, en cambio, algunos líderes europeos miran a Italia como un ejemplo a seguir respecto a su modelo de migración. Uno de ellos es presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que este mismo jueves viaja a Roma para reunirse con la cofundadora de Hermanos de Italia con el fin de conocer de cerca su modelo migratorio puesto que "mezcla legalidad y humanidad", así como trabajar en una estrategia de internacionalización de la migración irregular. Pero, ¿cuáles son las medidas de Meloni para combatirla?

Entre las más polémicas se encuentran las relativas a los rescates en alta mar que realizan barcos de ONGs. Es recordado, precisamente, el caso del Open Arms por el que ahora la Fiscalía le pide seis años de cárcel a Matteo Salvini, pues era ministro del Interior en aquel entonces.

La medida establecida en 2022 contempla la obligación de que las embarcaciones que porten migrantes encontrados en el mar cuenten con un permiso para llegar a tierra, así como la prohibición de hacer más de un rescate en una travesía. Una vez con el permiso pueden acudir a puerto, pero a uno que se asigna y que no siempre cumple con criterios de distancia. Unas normas, que más allá de enfurecer a estas organizaciones, su incumplimiento conlleva importantes sanciones.

Por otro lado, destacan los acuerdos que mantiene Italia -a través de la Unión Europea (UE)- con Libia y Túnez, considerados países no seguros. En estos países se invierten determinadas cantidades de dinero con el fin de que se luche contra la migración irregular desde allí, ya sea con intercepciones en el mar o directamente cerrando sus fronteras por partes de las autoridades de los países. Iniciativa que tampoco gusta a organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que el respeto a los derechos de las personas están en peligro.

Más reciente, es el pacto alcanzado con su país vecino Albania donde, a espera de ser ratificado, está previsto que aguarden los migrantes sus permisos de asilo para entrar en Italia. Para ello se contempla la construcción de dos centros de internamiento con financiación y personal italiana, pero en territorio albanés. Cabe destacar que este país no pertenece a la UE.

Precisamente, el gobierno italiano tiene planes para la construcción de nuevos centros de detención dentro del país donde se ampliarán a 18 meses el tiempo máximo de estancia para la repatriación. Asimismo, Amnistía Internacional también denuncia que en estos proyectos se contempla la "aplicación de "procedimientos fronterizos" a las personas procedentes de "países seguros" que buscan asilo, lo que se traduce en la detención automática de personas sobre la base de su nacionalidad."