Estados Unidos es una superpotencia económica, pero su sistema presenta un claro talón de aquiles: la sanidad. Mucho tiene que ver que es un país prácticamente sin sanidad pública y sin derecho universal a baja médica, donde la cuarentena preventiva es, para muchas personas sin cobertura, una utopía.

La sanidad privada es prohibitiva y eso se ve en que, según datos de 2018, unos 27 millones de estadounidenses no tuvieron ningún tipo de seguro sanitario. Más de 3.000 euros puede costar que te diagnostiquen y empiecen a tratarte, aunque tienen prohibido cobrar la prueba en sí.

Al problema de la falta de sanidad privada se le suma otro: en Estados Unidos no tienen derecho a la baja laboral. Esto puede generar un problema, porque si los trabajadores no se hacen la prueba para evitar que sus ingresos desciendan hasta 0, el virus puede contagiarse más rápidamente.

Y es difícil conocer el número real de casos que puede haber en este país, porque el vicepresidente Pence ya ha reconocido que el país no dispone de los test suficientes. "No tenemos suficientes test para hacer frente a lo que anticipamos será la demanda en adelante", reconoció.

Para luchar contra la epidemia, el Gobierno estadounidense acaba de aprobar una inyección de 7.300 millones de euros para luchar contra el COVID-19. La mayor partida irá precisamente a facilitar kits de detección, diseñar una vacuna, y tratar a la población.

Y mientras tanto, Trump sigue repitiendo que todo está bajo control pese que ya hay imágenes de nerviosismo entre sus habitantes que incluso han llegado a materializarse en agresiones xenófobas a ciudadanos orientales que no tienen ya vinculación alguna con China.

A todo ello se le suma la cuarentena de los 3.500 viajeros a bordo de un crucero que permanece en cuarentena frente a la costa de San Francisco. Allí, se trata de confirmar cuántos de los 35 casos sospechosos son en realidad coronavirus.