Los ecocidios comenzarán a entrar en nuestro diccionario habitual. Se trata de graves delitos contra el medio ambiente que expertos juristas y ecologistas internacionales piden equiparar con el genocidio por la cantidad de muertes indirectas que puede generar.

Pretenden así que la gravedad y las condenas de los delitos contra el medioambiente se consideren al mismo nivel que los crímenes contra la humanidad, ya que los vertidos indiscriminados contamina el aire en primera instancia y, a consecuencia, a los humanos.

Por este motivo, se pretende incluir el ecocidio como crimen dentro de la Corte Penal Internacional. De este modo, algunas de las catástrofes medioambientales más conocidas, como el hundimiento y vertido del 'Prestige', pasarían de juzgarse por la vía civil a la vía penal.

Hasta el momento, este tipo de casos se han juzgado casi por completo por la justicia civil. Así, normalmente las condenas conllevan únicamente multas que, como es el caso del Prestige, en ocasiones no se pagan. Incluyendo el ecocidio en la corte penal internacional, se habría juzgado por la vía penal y, además de las multas, habrían pedido cárcel para los jefes de la tripulación y los dueños del barco. Así como para los dirigentes políticos, como el director de la marina mercante que decidió alejar el barco o el Estado Español.

Otro ejemplo de 'ecocidio' se produjo cuando se rompió la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar. El caso también fue por la vía civil, y los responsables tuvieron fueron condenados a una multa de 132 millones de euros que nadie ha pagado aún.

Con el delito de ecocidio, además habrían podido ir a la cárcel los directivos de la empresa filial en España y, al ser juzgado por un tribunal internacional, también los jefes de la matriz en Suecia, además de los dirigentes de la junta y el ministerio implicados.

Otro de los supuestos en los que el 'ecocidio' puede cambiar la historia es en el traslado de multinacionales europeas a países terceros, como la India, donde se puede contaminar sin la vigilancia que existe en la UE.

Si la Corte Penal Internacional incluyera el ecocidio, al ser un tribunal mundial, podría perseguir los delitos en cualquier país y condenar a los directivos, sin importar la parte del mundo en la que se encuentren.