Un tribunal militar israelí denegó la prisión domiciliaria para Juana Ruiz, la trabajadora humanitaria española encarcelada en Israel desde abril acusada de pertenecer a una organización ilegal.

"No creo que haya llegado el momento para el arresto domiciliario", dijo un juez, aunque lo considerará "si el juicio no avanza significativamente", dado el tiempo que Ruiz lleva en prisión.

La Fiscalía militar presentó en mayo cinco cargos formales contra Ruiz, relacionados con su trabajo recaudando fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que Israel acusa de integrar una red que desviaba dinero europeo al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista también por EEUU y la UE.

"Le juro a dios que soy inocente", dijo Ruiz en su breve intervención vía teleconferencia desde la prisión de Damon, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel. A la vista de hoy, en el tribunal de la prisión militar de Ofer, en Cisjordania ocupada, acudieron su hija María, su marido Elías Rishmawi, una abogada del equipo de defensa y una representación del Consulado Español de Jerusalén, encabezada por el cónsul general Alfonso Lucini.

El próximo 3 de noviembre se ha convocado una sesión de mediación penal, a la que acudirá en persona Juana Ruiz, en la que la Fiscalía y la Defensa negociarán posibles acuerdos y abordarán medidas cautelares como el arresto domiciliario.

Esta sesión se celebrará al margen del juicio, por lo que no será vinculante aunque el tribunal podría tener en consideración lo acordado por las partes. Ruiz, radicada en los territorios palestinos desde 1984, fue arrestada el pasado 13 de abril en su casa de la localidad cisjordana de Beit Sahur y entre los cargos que se le imputan figuran "pertenencia a organización ilegal", "recibir e introducir dinero en los territorios palestinos" o "recibir dinero con falso propósito".

Después de varios aplazamientos desde mayo por la pandemia y por cambios de abogado, Juana Ruiz acudió por primera vez al tribunal de la prisión militar de Ofer, en Cisjornadia ocupada, el pasado agosto, para una breve vista en la que su letrado solicitó que se aportaran más detalles sobre los cargos contra ella, al ser demasiado generales.

El abogado que encabeza su defensa, Avigdor Feldman, argumentó en una entrevista en septiembre que la ONG solo fue declarada ilegal por Israel en 2021, por lo que durante las casi tres décadas en las que su clienta trabajó allí, esta era legal.

La defensa también sostiene que algunos de los hechos por los que se la acusan tuvieron lugar en España, donde la corte israelí no tiene jurisdicción y por ende no serían relevantes en el juicio.