El auto de procesamiento, de 558 páginas, lleva la firma del juez Claudio Bonadio y saca a la luz pública detalles de una investigación que se aceleró a inicios de agosto pasado con la aparición de unos cuadernos en los que un chófer de un exfuncionario kircnerista anotó movimientos de dinero de los sobornos.
El juez, que ya había procesado a Fernández por otros casos, pidió nuevamente al Senado -una vez que la Cámara Federal de Apelaciones homologue la prisión preventiva- que le retire el fuero a la exmandataria, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.
El juez convocó a Fernández a presentarse en los tribunales en un plazo de 48 horas para notificarle su resolución y dictó un embargo de los bienes de la expresidenta por valor de 4.000 millones de pesos (85 millones de euros).
Quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015 es señalada por el magistrado como jefa de una asociación ilícita junto a su esposo y antecesor en la Presidencia, Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010. Kirchner y Fernández "se vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva", opinó el juez, quien afirmó que los mandatarios "daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, amén de que resultaban los beneficiarios finales de las miasmas".
Según Bonadio, que en su escrito hace constar 157 pruebas y la declaración de 51 personas -varias de ellas como arrepentidas-, en la Presidencia de Kirchner "se puso en funcionamiento un sistema ilegal de recaudación" en el ámbito del Ministerio de Planificación que tenía bajo su órbita la concesión de obras públicas.
Este sistema, que implicaba acuerdos con empresarios de la construcción y la ingeniería para la concesión de obras y subsidios e incluía el pago de retornos, "continuó durante la Presidencia de su esposa Cristina Fernández", quien, para el juez, participó ya de la trama ilegal de recaudación durante el Gobierno de Kirchner.