La embarazada en cuestión puso fin a la gestación de un feto de un varón de entre 10 y 12 semanas, al ingerir ciertos medicamentos obtenidos "online" en 2014, después de que, según declaró durante el juicio, no lograse suficiente dinero para viajar a Inglaterra para someterse a un aborto legal.

La mujer, de 21 años, fue condenada por un tribunal de Belfast a tres meses de cárcel, si bien el juez instructor suspendió la sentencia durante dos años. El magistrado recordó que la actual legislación "tiene más de 150 años" y que la embarazada, de haber vivido en otra jurisdicción del Reino Unido, hubiese tenido la posibilidad de abortar legalmente, de ahí la lenidad de su sentencia.

Según la ley de 1861, la pena máxima por administrar o ingerir ilegalmente un fármaco inductor de un aborto en Irlanda del Norte es la cadena perpetua. Al otro lado de la frontera, en la República de Irlanda, este mismo delito también se puede castigar con hasta 14 años de cárcel.

La Fiscalía de Irlanda del Norte ha justificado su decisión de procesar a una embarazada que ha sido hallada culpable de provocarse un aborto tras ingerir fármacos comprados en Internet. La acusación basó su argumentación en que se trata de un "caso de interés público" para la provincia británica, donde la terminación del embarazo está regido por dos leyes de 1861 y de 1945.

Estas establecen que el aborto es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación. En el resto del Reino Unido, Inglaterra, Gales y Escocia se rigen por la ley del aborto de 1967, que lo autoriza hasta las 24 semanas de embarazo, pero este plazo puede ser extendido si hay riesgo para la madre.

Este caso ha vuelto a causar polémica en la provincia británica, donde varios intentos por modificar la ley en los últimos años se han topado con la negativa del mayoritario Partido Democrático Unionista (protestante, DUP) y los sectores más tradicionales.

La rama de Amnistía Internacional (AI) en Irlanda del Norte se declaró "horrorizada" por la sentencia y lamentó que la ley del aborto trate como "delincuentes" a "las mujeres que necesitan" terminar su embarazo. "Este trágico caso pone de manifiesto, de nuevo, que ilegalizar el aborto no impide que las mujeres de Irlanda del Norte busquen otra forma de terminar con su embarazo", dijo el responsable de AI en Belfast, Patrick Corrigan.