La reciente entrada en vigor en Dinamarca de una nueva ley que prohíbe el uso en lugares públicos del burka y del niqab ha sacudido el panorama político danés y provocado reacciones en forma de manifestaciones y gestos de apoyo.
La nueva normativa está inspirada en otras similares vigentes en Francia y Austria, castiga con multas el uso público de cualquier prenda que cubra el rostro, desde el velo integral a los pasamontañas, a no ser que tenga un propósito reconocido (ropa de invierno, protección para trabajos).
"Este es nuestro mensaje a la policía: cada vez que una mujer sea castigada con una multa por elegir vestirse según sus convicciones religiosas, haremos una manifestación", gritaba una joven con niqab en una concentración delante de la comisaría de Bellahøj (Copenhague), a la que acudieron un centenar de personas.
"Mi ropa, mi elección", rezaba uno de los eslóganes que se gritaban, y en las dos manifestaciones de la semana pasada en Copenhague y Aarhus al entrar en vigor la normativa, organizadas por grupos como Mujeres por el Diálogo (que reúne a jóvenes musulmanas) y el Frente Juvenil Socialista.
"Es la primera vez que salgo de casa en días, cada vez que cruzo la puerta soy en principio una delincuente. Violo la ley, y hay un riesgo de que me pare la policía y me multe, además de poder ser víctima de un delito de odio o de que alguien se tome la justicia por su mano", denunciaba ayer Sabina, de 21 años y que vestía niqab.
El rechazo a la nueva ley ha tenido más formas: la cantante danesa más internacional, MØ se puso un pasamontañas durante su actuación en un festival local esta semana.
Esto ha reactivado el debate político sobre una ley aprobada en mayo con el apoyo del gobierno liberalconservador, el islamófobo Partido Popular Danés (su aliado externo) y el Partido Socialdemócrata, líder de la oposición, aunque no sin tensiones dentro de las propias formaciones que la respaldan.
Los populares daneses han defendido modificar la norma para introducir penas de cárcel de siete días, 14 en caso de reincidencia, un castigo que estaba incluido en la proposición de ley inicial pero que fue eliminado durante su tramitación.
"Quizás uno pueda pagar las multas de otros, pero no puede ir a la cárcel en su lugar", dijo hace unos días el portavoz de ese partido en inmigración, Martin Henriksen.