El preacuerdo que plantea la Unión Europea y Turquía para la deportación hacia este país de refugiados e inmigrantes irregulares desde Grecia está originando muchas críticas, por ello, la UE trabaja para resolver todas esas dudas legales y prácticas que están surgiendo en torno al pacto.

Este acuerdo, que planea cerrarse con Ankara durante el Consejo Europeo de la próxima semana, está siendo muy cuestionado por multitud de ONG, e incluso por la propia ONU, porque, según estás organizaciones, no respeta los principios más básicos del Derecho internacional y europeo en materia de asilo. Por su parte, ha reiterado en la legalidad del posible acuerdo final, aunque todavía no saben como conseguirlo.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE aceptaron el martes tras 12 horas de negociaciones trabajar sobre una serie de propuestas de última hora introducidas por el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, tras reunirse la víspera con la canciller alemana, Angela Merkel.

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, es el encargado de precisar los detalles del plan para frenar el flujo migratorio irregular hacia Europa,y que incluye, otros 3.000 millones de euros de ayuda a los casi tres millones de refugiados que alberga Turquía, adelantar a junio la liberalización de visados para ciudadanos turcos y agilizar el proceso de adhesión a la UE.

El preacuerdo trazado el martes autoriza la expulsión hacia Turquía a todas las personas que lleguen a Grecia de forma irregular, aunque tengan derecho a recibir asilo -como sirios, eritreos y afganos que huyen de países en conflicto-, mientras que la Unión Europa, por su lado, se compromete a ofrecer vías legales de llegada a Europa a un sirio por cada persona deportada (el llamado mecanismo "uno por uno").

Los Veintiocho piensan que este sistema facilitará tanto terminar el modelo de negocio de las mafias que trafican con personas como disuadir a los que quieren llegar a suelo comunitario porque ya no le verán sentido a jugarse la vida en el Egeo ante la certeza de que serán devueltos.El problema es que el sistema, tal y como está trazado en estos momentos, implica la devolución masiva de personas sin tener en cuenta que pueden tener derecho a recibir protección y su traslado a un país como Turquía, en el que no se sabe a ciencia cierta que se respeten los principios internacionales de asilo.