Aprobada por mayoría
simple con los votos del Partido Popular y del ultranacionalista FPÖ, que
integran la coalición de Gobierno, la nueva legislación contempla penas de
hasta 440 euros de multa para los padres de los menores que no la cumplan.
El Gobierno defendió
este paso como una "medida contra el adoctrinamiento religioso y la
estigmatización". Otro de su objetivos es proteger a los menores de una
supuesta "sexualización temprana", justificó Heinz-Christian Strache,
vicecanciller y líder del FPÖ.
No obstante, varios
expertos han advertido de que la normativa podría vulnerar diversos principios
de la Constitución, como el de la libertad de fe, la no discriminación y la
disposición de que las condiciones jurídicas que regulan el funcionamiento
escolar requieren de dos tercios de los votos para su adopción.
El Partido Socialdemócrata,
el mayor de la oposición, y la liberal NEOS se habían mostrado dispuestos a
apoyar la ley bajo la condición de que, junto al veto al velo, se aprobara un
paquete de medidas para facilitar la integración de inmigrantes y refugiados.
"No veo que el
intento de integrar mediante multas sea la solución. Son necesarias otras
medidas adicionales", declaró el socialdemócrata Heinrich Himmer, el
presidente del Consejo Escolar del Ayuntamiento de Viena, a la agencia
austríaca APA.
Sin embargo, el Gobierno
rechazó negociar el proyecto, con lo que se adoptó finalmente como ley simple,
y no constitucional.
Esa vía de aprobación
conlleva así un "riesgo legislativo", ya que podría ser
"impugnable" ante el Tribunal Constitucional, según explicó a APA el
jurista Bernd-Christian Funk.