Los pañuelos verdes, símbolo del derecho al aborto legal, ondearon en Argentina el 14 de junio de 2018, cuando el Parlamento aprobó un proyecto de ley que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación, con 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.
Un resultado muy igualado, reflejo de la división del país. "Es un derecho humano, se trata de la salud pública", indica una mujer. "Yo no le quiero dejar una ley de la muerte, le quiero dejar una ley de la vida", señala otra joven.
En los últimos días, las calles se han llenado de pañuelos verdes y celestes, unos a favor y otros en contra de la ley. "Se insertó en los debates, en las mesas de las familias, en las casas...Sin duda, sacar este tema del tabú y de la sombra ya de por sí es un valor ganado", explica Paola García Rey, de Amnistía Internacional Argentina.
Pero sólo ha sido un primer paso, el próximo miércoles el Senado decidirá si se deja de penar la interrupción del embarazo. Argentina contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel por abortar, salvo en casos de violación o si pone en riesgo la vida de la madre.
No hay datos oficiales sobre el número de abortos clandestinos, pero sí estimaciones. "Existen cerca de medio millón de abortos clandestinos practicados en Argentina. Creemos que esas cifras hoy son menores, pero en cualquier caso, son un numero importante", añade García Rey.
El próximo 8 de julio, en una votación que se prevee igualada, 72 senadores decidirán sobre la despenalización del aborto en Argentina.