Cuatro muertos y 13 heridos graves, es el último ataque terrorista con objetivo humanitario, esta vez en Afganistán, a Save The Children.
"Es una sede con medidas de protección externas, con seguridad propia pero fue bombardeada y asediada por gente con armas durante seis horas. Fue un ataque intencionado a hacer el mayor daño posible", explica David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save The Children.
Hace dos años también secuestraron a cinco trabajadores, todos fueron ejecutados, pero llevan 41 años en el país y no piensan salir.
Los ataques contra personal humanitario no son nada nuevo, en 2006, en Sri Lanka, 15 empleados de Acción contra el Hambre murieron dentro de su propia oficina. Les pusieron en fila y uno a uno fueron ejecutados de un tiro en la nuca.
La organización tomo una decisión excepcional, abandonar sus programas en el país. Pero las ONG reconocen que, antes irse, agotan todas las opciones posibles.
Una de las más importantes: "El apoyo de las comunidades que facilitan nuestro acceso y negociamos con todos los actores presentes en el terreno la posibilidad de llevar a cabo nuestros programas y llevar la ayuda a la gente que lo necesita", explica Lucía Prieto, responsable de Acción contra el Hambre.
Sólo en 2016, 91 trabajadores humanitarios murieron en el terreno, hubo 88 heridos y 73 cooperantes secuestrados, la mayoría en Afganistán, Siria, Sudán del Sur, República democrática del Congo y Somalia.
Yemen o Libia también son ahora auténticos agujeros negros para los trabajadores humanitarios. En Libia, Acnur, tan solo tiene 40 personas en el país, su trabajo se apoya en equipos internacionales móviles. Personas que entran y salen, para evitar al máximo los riesgos de protección.