Elena pasó hasta siete veces por el quirófano después de que le implantaran una prótesis mamaria PIP. "Un año y pico en depresión, con pastillas. Hasta que decidí denunciar", explica.

Demandó al servicio gallego de salud y es que es una de las dos principales vías que los afectados pueden seguir para reclamar los daños causados: "No es por el dinero ni por nada, tienes un alivio ahí, que se sepa un poco lo que están haciendo".


La mayoría de los procesos judiciales finalizan en acuerdos confidenciales, en los que como ella, no pueden revelar las cuantías para evitar que se presenten más demandas por casos idénticos.

Una clienta del abogado Carlos Castreje también fue indemnizada por un laboratorio. Le abonaron en total 50.000 euros tras demostrar que el fabricante, por abaratar costes en el envase, contaminó una lente intraocular.

Su estrategia es lograr la intervención del Servicio Vasco de Salud, una opción, asegura, más fácil cuando las empresas están fuera de España: "Sino sería muy complicado pedirle a un afectado acudir a un país extranjero".

La otra estrategia, aseguran los expertos, es que Sanidad responda completamente ante los pacientes y luego se enfrente a Goliat, a las grandes compañías.

La otra vía es demandar directamente a los fabricantes, como hizo Margaret en 2013: su prótesis de cadera se infectó y terminó en silla de ruedas. Independientemente de la cuantía, dicen, el daño nunca se repara pero éste es el primer paso para retirarlos del mercado.