El órgano colegial ha querido transmitir “tranquilidad” a la población, pero reconoce los problemas que ha evidenciado la investigación periodística internacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En su comunicado, apuntan que este "mensaje de tranquilidad" a los pacientes "no debe llevar al aletargamiento o la complacencia" porque "hay problemas, y solo una agenda de cambios en el sentido del buen gobierno puede aportar las garantías necesarias" que "exige" la población.

El Consejo considera en el comunicado que la nueva normativa sobre productos sanitarios aprobada en 2017 y que entrará en vigor en 2020 “no aportó mejoras sustanciales".

"La falta de transparencia de los registros nacionales, junto a las noticias de una fuerte acción de lobby sobre los reguladores, ha llevado a iniciativas de la investigación periodística que sitúan el problema en una magnitud muy importante, y con visos de conflictos de interés preocupantes", continúa el CGCOM.

Inciden en que en Europa no hay una agencia central para evaluar los productos sanitarios, y un conjunto de organismos notificadores autorizados, "empresas privadas en su mayoría", pueden otorgar la Conformidad Europea (marca CE) con "escasos requerimientos". El Consejo ha destacado también que los aparatos y dispositivos médicos "tienen una regulación mucho menor que la de los medicamentos", especialmente en la UE, en comparación con Estados Unidos, cuando estos productos quintuplican el número de medicamentos.

Por ello, estima "fundamental" que la UE "revise y refuerce" los mecanismos de evaluación precomercialización y post-implantación, al tiempo que cree que el SNS puede añadir "garantías adicionales" para un uso apropiado de los implantes.

No obstante, el Consejo confía en que los equipos asistenciales y profesionales con "su buen criterio técnico, honestidad y compromiso profesional" y muestra su convicción de que los aparatos, dispositivos, implantes, prótesis, órtesis y otros productos sanitarios utilizados por los médicos españoles cumplen los requisitos y muestra su confianza en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Explica en el comunicado que la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías tiene la competencia y la capacidad para desarrollar análisis de coste-efectividad de estos productos pero le hace falta "músculo suficiente" y "la vinculación de su asesoría experta", a la toma de decisión final de las autoridades sobre la incorporación de esos productos a la cartera de servicios.

A su juicio, las comunidades autónomas deberían avanzar junto con la Red de Agencias y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en un proceso de normalización y evaluación de estos productos para determinar los tipos y modelos que aportan mayor seguridad y coste-efectividad.

También cree que sería recomendable la implicación de los profesionales en grupos de expertos para que de forma "trasparente y con un control de los potenciales conflictos de interés", estudiaran los aparatos, dispositivos, implantes y otros productos sanitarios, formulando criterios técnicos y recomendaciones para su adquisición y evaluación post-implementación.