El patrimonio es algo que le atañe al Estado cuando su valor supera los 400.000 euros, descontando la vivienda habitual. A partir de esta línea roja, la riqueza de una persona física ha pagado impuestos hasta 2022 en todas las comunidades autónomas salvo en Madrid. La capital lo tiene totalmente bonificado, convirtiéndose en un sumidero fiscal para prácticamente la mitad de la recaudación potencial.

En el año 2021, hubo 201.775 contribuyentes que pagaron por su patrimonio 1.352.281.507 euros en impuestos. Todo esto excluyendo la Comunidad de Madrid, donde miles de personas se ahorraron un total de 1.212.457.737 euros, prácticamente la misma cifra. Esta situación es un 'late motiv' que lleva ocurriendo desde 2011, desde entonces el número de contribuyentes que deben afrontar este impuesto se han doblado, también los que tienen más de 30 millones de euros de patrimonio, que son 831 personas; también se ha duplicado la recaudación, pero la cifra que 'perdona' Madrid también es del doble.

Esa cima social, la de los contribuyentes con más de 30 millones de euros a su nombre, se concentra mayoritariamente en Madrid. En concreto son 524 personas que se ahorran casi 500 millones en impuestos según los datos de la Agencia Tributaria. Una cifra golosa, que parece que ha incentivado a esas grandes fortunas a cambiar o fijar su residencia, porque en 2011 el 50,85% de estos contribuyentes vivían en zonas donde no pagaban por el patrimonio (eran la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares), y ahora la cifra es superior, del 63%, y eso que solo ocurre en una comunidad, en Madrid.

Un impuesto temporal para suplir al de patrimonio

Actualmente existe un impuesto de solidaridad temporal para las grandes fortunas que suple, en parte, la eliminación del impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahora Andalucía, como las bonificaciones del 50% que también acaba de aprobar Galicia. El tipo del impuesto es del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones; del 2,1% para la horquilla entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para superiores a 10 millones. Es decir, tiene una escala similar a la de Patrimonio, pero eximiendo a quienes tienen entre 400.000 y 3 millones de euros.

Este impuesto de solidaridad gravará el patrimonio durante dos años. Durante 2023, por la fortuna declarada el año pasado, en 2022; y en 2024, por la declarada en 2023. Después decaerá y volverá a ponerse en funcionamiento el de patrimonio, de competencia autonómica. Precisamente aquí los primeros cambios podrían venir desde los nuevos gobiernos populares de la Comunidad Valenciana y de Baleares, que pretenden eliminarlo como han hecho Andalucía y Madrid.

Así es el impuesto de patrimonio

El impuesto de patrimonio está cedido a las comunidades autónomas, que son las que deciden sobre él y las que lo gestionan y recaudan. Está exento en la mayoría de comunidades autónomas hasta los 700.000 euros de riqueza individual, descontando la vivienda habitual. Solo tienen el listón de exenciones generales más bajo en Aragón (400.000 euros); y en la Comunidad Valencia, Extremadura, Navarra y Cataluña, donde ronda los 500.000 euros. Las únicas comunidades con bonificaciones generalizadas aprobadas en este momento son Madrid y Andalucía (del 100%) y Galicia (del 50%).

Estas son las exenciones y bonificaciones generales, que varían en función del declarante, si por ejemplo tiene alguna discapacidad reconocida; y también del patrimonio, por ejemplo si el inmueble es declarado protegido o de interés regional, o es forestal, o un bien de consumo cultural. Cada comunidad tiene sus singularidades en este aspecto.

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