Como ya ocurrió durante la pandemia de coronavirus, una de las prioridades del Gobierno frente a la crisis causada en parte por la guerra en Ucrania y por la espiral de inflación que vive el país es la de mantener el empleo, protegiendo a las empresas y a los trabajadores. Por eso, desde el Ejecutivo, tanto Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablan de un "mandato claro" de mantenimiento de los puestos de trabajo.

En este contexto, Sánchez ha anunciado la prohibición del despido objetivo indemnizado con 20 días por año trabajado y el mandato de mantenimiento del empleo para las empresas que acudan a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Un mecanismo, el de los ERTE, que Díaz ha vuelto a poner en valor ante la crisis: "Es el mecanismo de protección social mas eficaz que hemos tenido. Sánchez ha sido claro, no tenemos que despedir a nadie".

También avisa la responsable de Trabajo de que en caso de que se haga un mal uso del ERTE, las empresas tendrán que devolver las ayudas públicas percibidas y no podrán despedir a los trabajadores.

Esta es una de las medidas incluidas en el plan de choque de respuesta al impacto económico de la guerra, con el que el Gobierno espera "abordar una nueva crisis con templanza, serenidad y medidas eficaces para quien más lo necesite", en palabras de la ministra, y sin contemplar una bajada generalizada de impuestos.

En lo que al mecanismo de protección social se refiere, para ayudar a las familias y los trabajadores, el jefe del Ejecutivo ha anunciado medidas como la bajada del precio de los combustibles con la bonificación mínima de 20 céntimos; un límite a la revisión de los alquileres de un 2%; un aumento del 15% de la ayuda destinada al Ingreso Mínimo Vital; o la extensión del bono eléctrico social a otras 600.000 familias.

Pero este plan contempla además iniciativas para apoyar al tejido empresarial y económico, para el sector de los transportes, medidas en materia de energía y medidas en cuestiones de ciberseguridad. En resumen, 6.000 millones de euros para nuevas ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones para financiar proyectos mediante créditos ICO.

El Gobierno espera que este plan de choque cuente con "el visto bueno" del resto de formaciones políticas, a las que pide "unidad" y "patriotismo" para, con las medidas anunciadas, continuar por la senda de la recuperación que hace unos meses se iniciaba tras años duros por la crisis de la pandemia.

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