El Ministerio de Trabajo ha detectado hasta el momento 2.859 infracciones en empresas acogidas a ERTE, a raíz de 21.332 expedientes realizados en empresas en esta situación.
Así lo refleja el Gobierno en su respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el senador socialista Miguel Ángel Heredia el pasado mes de octubre, en el que da cuenta de los expedientes de control finalizados hasta el 24 de noviembre.
Los datos proporcionados por el Ejecutivo muestran que el mayor número de infracciones en empresas con expedientes de regulación temporal de empleo se detectaron en Andalucía, con 563, y la Comunidad Valenciana, con 455. Les siguen Cataluña (297), Madrid (281) y Canarias (250).
Andalucía fue también la comunidad donde se llevaron a cabo más expedientes de control, con 3.935, seguida por la Comunidad Valenciana, donde se abrieron 2.317.
Ya en verano, la Inspección de Trabajo lanzó una campaña específica para perseguir el fraude en los ERTE y visitar 10.000 empresas, con el objetivo de garantizar el buen uso del dinero público.
A este respecto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya advirtió en marzo -cuando el Ejecutivo prohibió los despidos por la pandemia- que, de detectarse algún fraude, las empresas en cuestión tendrían que devolver "hasta el último céntimo de euro de lo percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador o la trabajadora afectada".
"Los recursos públicos que son de todos y todas y hay que utilizarlos debidamente", sentenciaba entonces.
Casi 747.000 trabajadores siguen en ERTE
Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, noviembre cerró con 746.900 trabajadores en ERTE, 18.487 más que en octubre y 40.650 más con respecto al cierre de septiembre.
No obstante, de acuerdo con el departamento que dirige José Luis Escrivá, esta cifra supone un 80% menos que el número de personas en ERTE que se registró en abril, en el pico de la primera ola de la pandemia de coronavirus.