En septiembre de 2015 salió a la luz que la compañía había instalado ilegalmente un software que alteraba los resultados de emisiones de dióxido de nitrógeno. El fraude afectaba a 11 millones de automóviles con motor diésel, 700.000 en España, de las cuales, solo 3.000 se han unido a la demanda colectiva.
"Hay un engaño a las autoridades mediante la instalación de un software que no es más un software tramposo. Por otra parte hay un engaño al consumidor porque se le vende un producto que no es el que realmente está comprando y hay un daño medioambiental enorme", explica Carlos Villacorta, abogado de la Agrupación de Afectados por Volkswagen.
La demanda está en los tribunales alemanes. Allí, la compañía ya ha sido multada con 1.000 millones de euros por fraude, y en Estados Unidos también han sido condenados.
Los abogados creen que tendría que tener consecuencias, también en España. "Debería enfrentarse a sanciones administrativas que en España no se ha visto enfrentada por la actitud pasiva del Gobierno. Enfrentarse a importantes indemnizaciones que debería abonar a los consumidores", denuncia Villacorta.
Los usuarios se sienten estafados. Así lo explica Abelina Barja, una mujer afectada por el 'Dieselgate': "Ese motor se estaba vendiendo, porque se había conseguido autorización para venderlo, engañando. Engañando a las autoridades, engañando a los usuarios".
El fraude supuso la emisión de 636.000 toneladas de dióxido de nitrógeno a la atmósfera, según la asociación de afectados por Volkswagen. "Estos coches emiten hasta 15 veces más del máximo legal permitido", dice Paco Segura, coordinador de 'Ecologistas en Acción'.
La compañía asegura que han solucionado todos los problemas y ha reparado el 80% de los vehículos afectados.