Uno de cada cuatro trabajadores españoles tiene un contrato temporal. España es el segundo país con mayor tasa de temporalidad de la Unión Europea.

"Estamos muy por encima del conjunto de la Unión Europea, por delante de países como Polonia, Portugal, Holanda...", explica desde Dublín Carlos Vacas, investigador del Eurofound.

Solo en septiembre se firmaron más de 1.700.000 contratos temporales y, en lo que llevamos de año, más de 12 millones. Con una duración media de 53 días, uno de cada tres no dura ni un mes y casi ninguno más de un año.

"Los contratos temporales deberían ser la excepción, sin embargo, lo más habitual en el mercado laboral español es que se firmen contratos de trabajo de duración determinada", indica Pere Vidal, abogado y profesor de Derecho Laboral de la UOC.

Esta situación podría achacarse a nuestro modelo económico, o al peso de sectores como el turismo, la hostelería o la construcción. "No es una cuestión de modelo productivo, sino de legislación y de cultura empresarial", añade Vacas.

La realidad es que el 90% de los contratos que se firman en España son temporales. "Se utilizan de forma recurrente y de forma estructural, eso no encaja con la propia definición de un contrato de duración determinada, o temporal",

Por eso, el Gobierno negocia con patronal y sindicatos limitar a un 15% el máximo de trabajadores con contrato temporal en las empresas. Uno de cada tres contratos temporales lo firma un trabajador menor de 29 años.

"Los jóvenes están transitando entre empleos temporales y desempleo", lamenta el investigador Carlos Vacas. Tampoco se salvan los empleados públicos porque su tasa de temporalidad es casi nueve puntos mayor que en el sector privado.

En Sanidad o Educación se agrava por la no renovación de los contratos durante la pandemia de coronavirus.

"Todos esos contratos se hicieron por la pandemia, eran temporales y se están finiquitando", denuncia Encarna Abascal, portavoz de CSIF

La Unión Europea ha exigido reformas y el Gobierno alcanzó un acuerdo con los sindicatos que incluye sanciones a las administraciones y compensaciones para los empleados públicos en caso de excesiva temporalidad.

Pese al impuesto a la banca

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