Entre las medidas económicas que Pedro Sánchez ha dado a conocer durante su intervención en el debate de investidura está la aprobación de la tasa Tobin a las transacciones financieras.

Su objetivo es gravar las operaciones de compra de acciones ejecutadas por operadores del sector financiero (intermediarios).

Aunque está previsto que la tasa Tobin sea para estos operadoras, si deciden trasladarla, podría afectar a los particulares.

Hace casi un año el Gobierno ya la planteó

Durante la tramitación fallida de los Presupuestos Generales, hace ahora casi un año, el Gobierno ya anunció esta medida bajo el nombre de Impuesto sobre las Transacciones Financieras.

Según el Plan de Estabilidad Financiera que el Ejecutivo envió a la Comisión Europea, esta tasa Tobin sería de un 0,2% de la operaciones "con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan, o del lugar en que se negocien, siempre que estén admitidas a negociación en un mercado regulado y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones de euros".

El Gobierno, que quería dedicar lo obtenido a financiar las pensiones, esperaba recaudar 850 millones de euros al año con este impuesto.

Por otro lado, no estarían sujetas las operaciones como las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales o las llevadas a cabo entre sociedades de un mismo grupo.

La tasa Tobin surgió en los años 70

El origen de la tasa Tobin se remonta a los años 70 cuando el economista James Tobin la planteó para compensar las diferencias de los tipos de cambio de divisas.

En lugares como Francia se aplica desde 2013 y España podría ser el próximo país en implantarla.