El Tribunal Supremo ha fallado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se extralimitó en sus funciones cuando, al indultar al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, estableció que no le podía afectar ningún "impedimento para ejercer la actividad bancaria".
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha considerado que la posibilidad de indultar de la que dispone el Ejecutivo no le faculta para eliminar los antecedentes derivados de su previa condena penal.
Se trata de una estimación parcial, decidida de manera unánime por el Supremo, del recurso presentado que anula los efectos administrativos del indulto, pero que la mantiene en su parte penal.
Ahora, la decisión de si Alfredo Sáenz puede seguir desarrollando sus funciones como alto ejecutivo bancario está en manos del Banco de España, que tiene que determinar si la existencia de antecedentes penales afecta a su honorabilidad.
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