La dirección de Seat ha anunciado a los sindicatos de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de nueve meses -arrancaría el 27 de septiembre y finalizaría el 30 de junio de 2022- para su personal de producción en los centros de Martorell, El Prat de Llobregat (Barcelona) y Barcelona por la escasez global de semiconductores.
La compañía lo ha trasladado a los representantes sindicales en una reunión para abordar nuevas medidas de flexibilidad con el fin de reorganizar la producción. El ERTE se aplicará en primer lugar de forma voluntaria y su alcance y condiciones se determinarán durante la negociación entre dirección y representantes sindicales.
La automovilística ha explicado que, debido al COVID-19, los fabricantes de semiconductores reasignaron su producción a otros sectores y que los nuevos brotes en Asia han causado el cierre de plantas de fabricación de estas piezas.
El vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de Seat, Xavier Ros, ha sostenido que la demanda de los modelos Seat y Cupra se encuentra en niveles preCovid: "Seguiremos haciendo todo lo posible para entregar la alta demanda a los concesionarios y clientes".
A mediados de enero, Seat y los sindicatos UGT y CC.OO. acordaron la aplicación de un ERTE de un máximo de 550 trabajadores -400 en la planta de Martorell (Barcelona) y 150 en la de la Zona Franca (Barcelona)- por día desde el 18 de enero hasta el 30 de junio por la falta de suministro de semiconductores.
En abril de este mismo año, ambas partes de la empresa pactaron acortar el ERTE de las plantas de Martorell y la Zona Franca de Barcelona causado por las restricciones en los suministros de semiconductores, así como 20 días de cierre en las plantas de Martorell y Zona Franca y de 30 días en Seat Componentes.
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Esta vez, la medida llega tras una semana en la que la automovilística tuvo que cerrar la planta de Martorell tres días debido a la escasez de suministro global de semiconductores.
Según el Banco de España
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Un informe del Banco de España revela que la brecha salarial entre el sector público y privado en el país es una de las más grandes de la eurozona, con diferencias que alcanzan el 29% cuando no se considera el nivel de formación.