El Gobierno espera el castigo de Europa por no cumplir con los objetivos de déficit y aunque la multa podría ser simbólica, España volverá a someterse a la tutela de Bruselas, que le exige, según un ajuste de 10.000 millones de euros hasta 2017.
El Gobierno en funciones considera que la sanción europea sería una 'sinrazón'. "No va a haber ni sanción moral, ni sanción económica", así negaba la mayor el Ministro de Economía en funciones durante la campaña electoral.
Pero el poder ejecutivo entrante tendrá que hacer números para cuadrar las cuentas. Bruselas, además, no cuenta con un interlocutor con capacidad de decisión en Moncloa. El hecho de llevar siete meses de gobierno en funciones no ayuda a salir de esta situación financiera.
Mariano Rajoy también se ha manifestado sobre el asunto: "Yo espero y estoy convencido de que no va a haber multa porque no tendría ningún sentido". Además, ha pedido un año de prórroga para cumplir con los objetivos de déficit.
El Gobierno en funciones cierra el grifo a cualquier gasto público que no haya sido presupuestado ya para este año. Lo publica así el BOE: "La Administración general del Estado tiene que ajustarse a los compromisos de déficit con Europa". Solo se libran de esta congelación los gastos imprevistos para pensiones, desempleo o deuda pública.