El Gobierno ha aprobado una propuesta para reformar el mercado eléctrico de la Unión Europea que valora favorecer contratos a medio y largo plazo con productores de energías renovables, por un lado, restando protagonismo a los mercados diarios y, por otro, derivar el gas -en las centrales de ciclo combinado- a un mercado que garantice la capacidad y suministro para cuando no haya suficiente producción verde.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado tras el Consejo de Ministros su propuesta a la Comisión Europea, que presentará un modelo de reforma en la próxima primavera. A su juicio, el sistema vigente no es sostenible ante una mayor predominancia de las energías renovables y, además, tampoco en situaciones de estrés como las vividas en el último año.

En la actualidad, el modelo es marginalista, con la tecnología más cara fijando el precio de las demás -habitualmente el gas-, y además tiene una gran volatilidad por la preferencia por los mercados diarios. Así, el Ejecutivo apuesta por en basarlo contratos a plazo para que el sistema pueda beneficiarse de la estabilidad de los precios y estabilidad en la inversión que redunde a posteriori en los consumidores finales.

"Las energías renovables tienen costes operativos bajos, pero eso no beneficia al consumidor medio. Necesitamos certidumbre con respecto al acceso a la energía, con la seguridad de suministro, que es lo que con más tensión se ha vivido en Europa", ha insistido la responsable de Energía del Ejecutivo.

Así, Transición Ecológica apuesta por estos instrumentos que garanticen ingresos estables para los productores inframarginables, lo cual se traduzca en precios asequibles y poco volátiles a los consumidores. En cuanto a las plantas con capacidad firme -como las de ciclo combinado, que pueden producir energía sin tener en cuenta las condiciones meteorológicas como es el caso de la solar o la eólica-, la vicepresidenta ha subrayado que requieren de ciertos incentivos económicos para garantizar su disponibilidad.

"En un sistema con un peso de las energías renovables cada vez mayor se necesita contar con un servicio de disponibilidad, almacenamiento y cobertura para aquellos momentos en los que las energías renovables no estén operando a full", ha detallado la ministra.

En la reforma que propone España, el regulador contrata con las centrales inframarginales -renovables- energía a largo plazo mediante contratos por diferencias, a precio fijo y orientados a costes, e introduce mercados de capacidad para aquellas centrales que ofrecen capacidad firme o flexible. Este modelo, además de generar estabilidad, consideran desde el Ministerio, permitirá eliminar los conocidos como "beneficios caídos del cielo". Las tecnologías marginales -como el gas o el carbón- continuarán yendo a los mercados diarios a vender energía, sin perjuicio de que puedan establecer contratos a plazo con comercializadoras o consumidores finales.

Ribera ha defendido el papel de España en los últimos debates energéticos, siendo el primer país en apostar por una reforma del mercado eléctrico antes de que la tensión por la guerra en Ucrania llevara el modelo al límite, y también se ha felicitado por el éxito de la excepción ibérica.

La vicepresidenta ha cifrado en 4.500 millones de euros el ahorro que ha supuesto esta medida que topa el precio del gas que se quema para producir electricidad, lo cual ha permitido recortar el precio de la luz en el mercado mayoritario de nuestro país. El Gobierno va a reclamar también su extensión hasta finales de 2024, hasta que se defina una reforma estructural del mercado energético.

Esta propuesta de reforma fue avanzada este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya apuntó que se haría con un doble objetivo: por un lado, favorecer las energías renovables para garantizar la autonomía energética "frente al chantaje" de Rusia y, por otro, un reparto equitativo de las rentas incluso en situaciones de tensión y crisis en los mercados de materias primas.

Jubilación forzosa

Despiden a una mujer de 68 años por llegar a la edad para jubilarse

¿Nos pueden obligar a jubilarnos? En algunos casos sí, como le ha ocurrido a una trabajadora de Barcelona que considera que su empresa le ha dado un trato discriminatorio. Sin embargo, la Justicia no le ha dado la razón.