Las divisiones dentro del Gobierno de coalición han llevado a retrasar unos días la aprobación del nuevo paquete deayudas de 11.000 millones de euros para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus en algunos sectores.
El Ejecutivo ha estado ultimando el decreto que recogerá estas ayudas y había barajado la posibilidad de que fuera aprobado en la reunión ordinaria del Consejo este martes. Sin embargo, fuentes del Gobierno han confirmado laSexta que su aprobación se retrasará hasta el viernes 12 en una reunión extraordinaria del Gabinete.
Qué propone Unidas Podemos
Unidas Podemos defiende que al menos 8.000 millones deben ser transferencias directas a las empresas, y avisan de que deben ser gestionadas por el Estado para ser homogéneas en todo el territorio, y ha propuesto un fondo que "no debe transferirse a las Comunidades Autónomas". Pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se resiste a cambiar las cantidades cerradas para cada uno de los fondos y aumentar las ayudas directas.
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció las ayudas por importe de 11.000 millones de euros el pasado 24 de febrero ante el pleno del Congreso. Unas ayudas que irán destinadas a las empresas, pymes y autónomos de sectores especialmente afectados por la crisis, como el turismo, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio. Este paquete de medidas está siendo diseñado por los ministerios de Economía y Hacienda.
El plan de Sánchez
Explicó que esos 11.000 millones de euros servirán para reforzar la solvencia de sus balances y retomar su actividad económica, hacer las inversiones necesarias y contratar a los trabajadores que requieran para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica. Pretende, además de "salvar las empresas y los empleos" golpeados por esta situación sanitaria, fomentar la actividad económica para "doblegar la curva de la crisis".
Según las líneas generales de la propuesta de Unidas Podemos, las ayudas no deben limitarse a determinados sectores, sino que deben estar abiertas a todas las empresas que las requieran aunque abogan por el hecho de que estén condicionadas al mantenimiento del empleo para evitar abusos o malas prácticas.