La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado a España indemnizaciones más bajas para el despido improcedente, un contrato único con compensación por despido creciente, la eliminación de la jubilación parcial y más control sobre el cobro del paro.

La OCDE recomienda que más productos y servicios tributen al tipo general de IVA y que se implanten más impuestos medioambientales, al tiempo que opina que el Gobierno central debería recuperar la competencia sobre una serie de impuestos como el de sucesiones. Estas son algunas de las recomendaciones del Informe sobre Economía Española de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han presentado hoy el secretario general de la institución, Ángel Gurría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

La OCDE aprecia que el sistema impositivo español está demasiado dirigido hacia las rentas del trabajo, especialmente a unas cotizaciones a la Seguridad Social que a su juicio deberían reducirse, ya que son los tributos "más dañinos" para el crecimiento económico y el empleo.

En su último informe económico sobre España, la OCDE señala que la reforma laboral ha sido un "paso sustancial" en la dirección correcta, aunque apunta a la persistencia de desequilibrios como la brecha entre los empleados temporales y los indefinidos.

En esta línea, destaca que la indemnización de 33 días por año trabajado fijada para los despidos improcedentes debería reducirse más, ya que sigue siendo alta en comparación con otros países.

Como solución para salvar la dualidad del mercado, propone avanzar hacia un contrato único con indemnizaciones por despido que vayan creciendo conforme al tiempo trabajado.

En materia de flexibilidad, la OCDE ve positivo que se haya potenciado el convenio de empresa y recortado el periodo de ultraactividad (prorroga automática de un convenio expirado) a un año.

No obstante, subraya que la negociación colectiva sigue siendo rígida y recomienda la supresión de la ultraactividad en los convenios sectoriales y que las empresas puedan participar en las negociaciones salariales sectoriales.