En una carta remitida a CCOO y UGT, Mujica señala que el proceso judicial generado por ejercer el derecho a huelga, unido a "la llamada Ley Mordaza, son ejemplos concretos de una condenable política de criminalización de la protesta social".
Así, insta a que se ponga fin "a la política de criminalización de la protesta social, que representa un juicio político contra el derecho a huelga y el sindicalismo español", y pide "que se retiren los cargos penales contra los sindicalistas afectados".
Mujica quiere añadir así el apoyo y solidaridad de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas a la campaña en defensa del derecho a huelga del sindicalismo español. Indica que el reconocimiento de la huelga como derecho es uno de los pilares sobre el que se construye el Estado social contemporáneo, en el marco de una sociedad democrática y pluralista.
En este sentido, advierte de que las restricciones a la acción sindical y la penalización de dicho derecho "no eliminará la huelga como manifestación obrera de autotutela, pero sí agravará aún más el declive económico de las políticas neoliberales" y aumentará los desequilibrios en las relaciones laborales.