María Jesús Montero ha avanzado el paquete de medidas fiscales que el Gobierno pretende introducir próximamente. La ministra de Hacienda ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa cuyo objetivo es "ser didáctica" ante el "populismo tributario", en alusión al debate fiscal impulsado por las comunidades autónomas.

Las medidas van divididas en dos secciones: fiscalidad para una mayoría social y para las grandes empresas. En el primer apartado, están englobados alivios fiscales como una rebaja del IRPF a rentas medias y bajas, a autónomos y a pequeñas empresas.

Las medidas para grandes empresas engloban un aumento de un punto del IRPF en rentas del capital superiores a 200.000 euros (pasando del 26% al 27%) y de dos puntos a las rentas superiores a 300.000 euros, la fijación del 15% del tipo mínimo del impuesto de sociedades, un gravamen transitorio a las empresas energéticas y a la banca (ya anunciado) y otros impuestos sobre transacciones financieras y servicios digitales.

Además, Montero ha dado detalles sobre un "impuesto de solidaridad" donde el Ejecutivo pedirá "un esfuerzo a los que más tienen". Ese tributo será para los años 2023 y 2024, el cual afectará a aquellos contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Tendrá los siguientes tres tramos:

  • Entre 3 y 5 millones de riqueza: 1,7%
  • Entre 5 y 10 millones: 2,1%
  • Por encima de 10 millones: 3,5%

Con este impuesto, se pretende recaudar unos 1.500 millones de euros, con 23.000 contribuyentes afectados. Montero ha añadido que habrá una reducción por rendimientos de trabajo. "No vamos a tocar tramos de IRPF, sino mejorar con reducciones a quienes ganen entre 18.000 y 21.000 euros", ha afirmado.

En adición a esta medida, aquellas personas que estén por debajo de 15.000 euros de tributación no tendrán que tributar por IRPF, subiendo ese suelo en 1.000 euros respecto al que hay en la actualidad (14.000 euros). Estas medidas también afectarán a autónomos, que tendrán una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de módulos, elevándose de igual forma la reducción de gastos deducibles de difícil justificación del 5 al 7%.

"El término de deflactar IRPF puede llevar a confusión. Lo que hacemos con la propuesta enicma de la mesa no es deflactar IRPF. Una deflactación de irpf también beneficia a rentas por enicma de 60.000 euros. El IRPF se comporta como una escalera: si reduces el tamaño del primer peldaño, incluso el que más tiene, queda reducido. Por eso, la deflactación es una medida generalizada de impuestos que está contraindicada", ha explicado Montero, que se ha mostrado abiertamente en contra de aplicarlas.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Montero ha puesto de fecha el 1 de enero de 2023 como entrada en vigor del proyecto de los mismos. "Cuando tengamos el acuerdo ultimado del todo, que son detalles menores, lo comunicaremos", ha avanzado.

Un acuerdo cerrado sobre la bocina con Podemos

Desde vicepresidencia segunda se afirmaba horas antes de esta comparecencia que no había acuerdo cerrado todavía y que las negociaciones seguían abiertas con Hacienda. En los pasillos del Congreso de los Diputados, el portavoz socialista, Patxi López, sí que dio por hecho que ese acuerdo existía y estaba cerrado, calificándolo como una "buena noticia".

Este acuerdo llega después de la intensa batalla fiscal planteada desde las autonomías, abierta por Juanma Moreno en Andalucía con la supresión del impuesto de patrimonio. Uno de los puntos calientes de esta sucesión de tomas de decisiones llegó el martes con Ximo Puig y su reforma fiscal "progresiva" dirigida a aquellas personas que cobran menos de 60.000 euros, un paquete de medidas con el que espera beneficiar "de forma directa a 1.344.000 contribuyentes".

Fue la propia Montero la que cargó contra la "espiral" de rebajas fiscales planteadas por las comunidades autónomas, que pedía sea "muy rigurosos, muy cuidadosos y muy coherentes" con las medidas adoptadas.

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