El Ejecutivo ha aprobado el nuevo impuesto digital y el que gravará las transacciones financieras, más conocidos como tasa Google y tasa Tobin. Con su aplicación, el Gobierno tiene por objetivo lograr un sistema tributario más justo y cumplir con Bruselas. De hecho, esperan recaudar 1.818 millones de euros (968 millones con el primero y 850 millones con el segundo). Aunque en un un principio, establecieron que recaudarían 1.200 millones con el impuesto digital.
María Jesús Montero, titular de Hacienda, ha destacado tras el Consejo de Ministros "que hay que avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI que recoja estas nuevas áreas". Además, ha insistido en que esta "no es una postura única que está desarrollando España", sino que "algunos países están avanzando con esta legislación, lo que impulsa también el consenso internacional".
Montero asegura que "no es una postura única que está desarrollando España"
Con el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se gravará, previsiblemente, a las empresas cuyos ingresos anuales superen los 750 millones de euros a nivel mundial y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Así, pretenden que plataformas como Google, de ahí su nombre, tributen en los países en los que hacen negocio y no en territorios en los que la fiscalidad es más baja.
Por su parte, la patronal cree que es un castigo para nuestra economía. "Vamos a castigar todavía más a las empresas españolas con una norma que se supone es par actuar contra terceros", ha señalado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Mientras que algunos expertos señalan a una ansiedad recaudatoria para ajustar el déficit. "Lo vamos a tener muy difícil si no subimos los impuestos", ha apuntado al respecto Miguel Sebastián, profesor de la Universidad Complutense.
A pesar de que hoy el Consejo de Ministros haya dado luz verde a esta tasa, no entrará en vigor hasta el mes de diciembre, por lo que la recaudación se hará a finales de año. Y es que, Estados Unidos, sede de los gigantes tecnológicos, amenazó con imponer aranceles a los países que impulsaran este impuesto, al considerar que penalizan a empresas como Amazon, Google o Facebook.
No se aplicará hasta diciembre por la advertencia de Estados Unidos
En este sentido, la titular de Asuntos Exteriores ha destacado que ha informado al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, sobre este impuesto porque es "buena socia y leal". Lo mismo hizo al ministra de Economía con su homólogo estadounidense, Steven Mnuchin. Si bien, ha destacado que la voluntad del Ejecutivo no fue negociar, sino informar.
De hecho, Francia aprobó este impuesto en 2019 y tuvo que aplazar su entrada en vigor tras alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Así, el país galo no aplicará esta tasa hasta que no se alcance un pacto a nivel internacional con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La tasa Tobin
El impuesto de las transacciones financieras, más conocido como tasa Tobin, prevé ingresar 850 millones de euros. Este gravará con un 2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores en el sector financiero. Si bien, solo se aplicará a las acciones de empresas cotizadas, cuya acción bursátil sea superior a 1.000 millones de euros.
Las salidas a bolsa, las reestructuraciones empresariales o las llevadas a cabo entre sociedades de un mismo grupo no estarán sujetas a este impuesto. Tampoco lo estará la compra de acciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes) ni las sociedades no cotizadas. También quedan fuera la deuda pública y privada y los derivados.
Y, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez cifra en unos 850 millones los ingresos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó una cantidad mucho menor, cifrando la recaudación desde los 420 hasta los 850 millones de euros. Una advertencia que ya lanzó la Comisión Europea el pasado año.