El juicio que investiga la existencia de irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011y que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) prosigue este lunes con la exposición de las conclusiones definitivas por parte de las defensas de los acusados.
En la última actualización del calendario que realizó el tribunal de la sección cuarta de la sala de lo Penal presidido por Angela Murillo se decidió ampliar el plazo previsto para continuar con el proceso una semana más, hasta el próximo miércoles 25 de septiembre.
No obstante, en vista de que solamente han terminado de exponer nueve abogados y aún faltan 25 defensas de las 34 personas investigadas en este procedimiento, diversas fuentes consultadas creen que podría darse una nueva prórroga.
Tras finalizar esta fase y, antes de que este juicio, que se prolonga ya desde hace unos diez meses, quede visto para sentencia, Murillo dará la opción a los acusados de formular una última palabra, si bien son libres de emplearla y, por tanto, no es posible prever cuántos de ellos se acogerán a este derecho.
El pasado 2 de septiembre el juicio se reanudó tras el parón de agosto. Fue entonces cuando tomó la palabra la fiscal Carmen Launa para presentar su informe definitivo, en el que expuso la justificación de su acusación, que fue ampliada el pasado mes de julio.
La Fiscalía Anticorrupción elevó entonces las penas que pedía inicialmente por delito de estafa a inversores y, además, añadió el de falsedad contable por las cuentas de Bankia y BFA del ejercicio 2011, con lo que el número de personas a las que acusa se incrementó desde cuatro hasta quince.
El resto de las acusaciones también ha procedido a la lectura de sus informes definitivos, entre las que se encuentra la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), particulares o el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Vivienda en España
Los desahucios invisibles o cómo el precio del alquiler dispara las mudanzas forzosas en los últimos cinco años
El dato Alrededor del 40% de los inquilinos han sufrido dos o más mudanzas en los últimos cinco años y tres de cada diez mudanzas son forzosas. En el caso de las familias con menores a cargo la situación de vulnerabilidad es aún mayor.