Han pasado siete años pero Marta lo recuerda bien. La Comunidad de Madrid le entregaba a cientos de familias las llaves de su nueva casa. "Que en ella sean felices" manifestó Esperanza Aguirre. Sin embargo, esta felicidad se ha visto sepultada desde que el Gobierno regional permitió que su piso del IVIMA, como otros 3.000, cambiara a manos privadas con un nuevo dueño y nuevas condiciones. "Estoy abonando 200 euros porque tengo la subvención y a finales de año se van a duplicar o triplicar hasta los 600 euros", afirma Marta.

En el vecindario se respira la incertidumbre. Su protección social tiene fecha de caducidad. Alfonso ya pidió explicaciones al IVIMA que le concedió la vivienda social. "El IVIMA ya no te contesta, no quiere saber nada de ti, que te busques la vida", cuenta. Precisamente en septiembre, la presidenta del IVIMA tiene que hacer frente ante a un juez a la querella presentada por el PSOE madrileño y a la que se ha sumado una plataforma vecinal de afectados. "Esta querella se ha interpuesto por dos delitos. Uno de malversación de caudales públicos y otro por prevaricación", explica Miguel Ángel Muga, miembro del estudio jurídico de Liria.

En definitiva, piden explicaciones como las quiere también Nourdine. Él ya tiene condiciones nuevas de alquiler y no puede hacerlas frente desde hace meses. "Se han vendido pisos con gente dentro y sin avisar. Esto es una vergüenza", manifiesta.

laSexta ha hablado con la nueva gestora de los pisos, Encasa Cibeles, y aseguran que analizarán las peculiaridades de cada caso. Además, se comprometen a que su departamento de mediación social encuentre una solución. Aurora Costa, perteneciente a este grupo, asegura que estudiarán "cada caso de forma individual y siempre mirando qué posibilidades hay". "Insisto en que nadie se va a quedar en la calle", añade. Esta declaración de intenciones puede ser la tabla a la que se agarren muchas familias afectadas que temen hundirse después de que el IVIMA, dicen, les haya dejado a la deriva.