El Gobierno ha aprobado el primer bloque de medidas referente a la reforma de las pensiones. Un proyecto de ley que ha salido adelante tras una colaboración conjunta entre Ejecutivo, patronal y sindicatos, y que salta su primer gran escollo en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.
Ahora bien, realmente, las medidas planteadas por el Ministerio de José Luis Escrivá ya fueron aprobadas como anteproyecto de ley en el CM del pasado 6 de julio. Pero la previsión es que ahora puedan ser remitidas al Congreso de los Diputados. Y, de cumplirse todos los cauces, según indican desde el Ministerio de Seguridad Social, la fecha ya está agendada: a principios de 2022 la medida ya entraría en vigor.
Esta nueva norma supone un giro con respecto al marco concebido durante el mandato de Mariano Rajoy. Atrás quedan el polémico índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba la subida anual de las pensiones a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
En cambio, la idea es acercar la edad real de jubilación (64,6 años) a la legal (66 años), de tal forma que el sistema pueda ser más sostenible. Para ello, se han propuesto una serie de medidas, que se apoyan tanto en incentivos como penalizaciones para los futuros pensionistas.
Cambios para retrasar la edad de jubilación
- De entrar en vigor la norma, se modificarían las penalizaciones para los que se jubilen antes. Se busca sobre todo evitar las salidas anticipadas, aumentando las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal. Así, por ejemplo, aquellos que decidan retirarse 24 meses antes el recorte en la pensión será de hasta el 21 por ciento.
- Se quiere potenciar que los que quieran puedan retrasar su jubilación. Para conseguirlo, se dará un cheque de bonificación por cada año extra. En el caso de los que hayan cotizado más de 44 años y medio, se les dará un cheque de hasta 12.060 euros. También, desde el Ejecutivo, han ideado otra opción: aplicar un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora. Es decir, por cada año que se trabaje por encima de tu edad de jubilación, el Estado dará un dinero extra anual. Aquí puedes consultar lo que cobrarías de más por retrasar su pensión.
- Limitar las jubilaciones forzosas en los convenios de empresa (en los que la compañía puede obligar al trabajador a jubilarse). Así, con este cambio se prohíbe que se hagan antes de que el empleado cumpla los 68 años.
El IPC, clave para la revalorización
Este es uno de los cambios que el Ministerio lleva trabajando más tiempo y que, como contamos, implica un choque frontal con las políticas del Gobierno anterior. Con esta nueva propuesta, las pensiones se revalorizarán conforme al IPC (Índice de Precios de Consumo), de tal forma que el cambio en los precios no afecte al poder adquisitivo de los pensionistas.
Ahora bien, otra novedad importante es que si, por alguna razón, los precios bajan (algo poco común, ya que tienden a subir), los pensionistas no verían alterada su pensión. Es decir, si baja el coste de la vida, esto no afectará al importe de la pensión.
En cambio, esta diferencia sí sería compensada en los años siguientes, pero solo cuando el IPC vuelva a subir a lo largo de los tres años posteriores y, en el caso de los que tengan una pensión mínima (con menos ingresos), no se verían afectados por esta compensación. Una medida que serviría "para que no haya sesgo de ganar poder adquisitivo", según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Eliminación del factor de sostenibilidad
Se elimina el factor de sostenibilidad (ya suspendido hasta 2023) que reducía la pensión conforme a nuestra esperanza de vida. Se ha establecido el día 15 de noviembre como plazo para decidir un sustituto, algún mecanismo de equidad intergeneracional que entraría en vigor en 2027. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.
Decididos estos cambios, todavía hay una serie de obstáculos que la reforma debe superar. Entre ellos, el debate sobre elevar las bases máximas de cotización, cambios en los periodos de cómputo para determinar la cuantía de la pensión, la homologación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de las casadas o el nuevo sistema de cotización de autónomos.
Junto con eso, esta reforma se aplicará sobre todas aquellas personas que no estén afectadas por acuerdos o pactos sociales previos. En cualquier caso, los primeros avances, ya mencionados, deberían ser ya una realidad en 2022.
