Incentivos fiscales o poner techo al precio de los alquileres. Son las dos propuestas de PSOE y Unidas Podemos que, según el ministro Ábalos, tienen un mismo objetivo: "Poner fin a las escaladas abusivas y especulativas del precio del alquiler".
Sin embargo, estas posturas generan discrepancias entre socios de Gobierno. Actualmente, los propietarios están exentos de tributar por el 60% de lo que ingresan por el alquiler de un inmueble. El PSOE propone rebajar esta bonificación al 50%, pero aumentarla al 70% si arriendan a jóvenes o en zonas tensionadas.
En estos barrios, si un propietario rebaja un 10% el precio de un contrato anterior, la bonificación alcanzaría el 90%. Asociaciones de inquilinos califican la propuesta de ineficaz, como explicó Jaime Palomera, del Sindicat de Llogateres i Llogaters de Barcelona, en 'Al Rojo Vivo'. "A pesar de estas bonificaciones fiscales, los precios del alquiler han subido como nunca", explicaba. En esa línea, Fernando Barreda, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, afirma que la diferencia entre lo que un arrendador deja de percibir y la bonificación que recibiría "no compensa".
Insisten en regular los precios del alquiler como propone Podemos, que acusa a los socialistas de incumplir el acuerdo de coalición. Algunos economistas, no obstante, alertan de los riesgos de intervenir el mercado. La norma podría afectar a los más de 3.400.000 hogares españoles viven de alquiler, el 18% del total.
Un mercado, en los últimos meses, también distorsionado por la COVID-19. Según el informe de un conocido portal inmobiliario, en solo un año, ciudades como Madrid o Barcelona han duplicado sus viviendas en alquiler disponibles. A más oferta y similar demanda, los precios han caído un 7% en Madrid y un 9% en Barcelona.
Unos datos propiciados por la baja rentabilidad de los pisos turísticos en ciudades sin turistas. Los expertos señalan que se trata de una tendencia circunstancial vinculada a la pandemia.
Manifestaciones en varios puntos de España
Este sábado se han producido distintas movilizaciones que han pedido una ley estatal que garantice el derecho a la vivienda digna.
Estas concentraciones se han repetido en 15 ciudades en las que, a través de un manifiesto, se exige una norma que regule el precio de los alquileres.