Según ha informado la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron, gracias también al fraude, su situación administrativa en España.
La operación se ha llevado a cabo en Madrid, Valencia, Alicante y Murcia contra empresas que no tenían actividad real, pero que declaraban realizar labores en sectores como la hostelería, la construcción, la mensajería, la limpieza y la jardinería.
Estas empresas "ficticias", entidades físicas o jurídicas sin actividad laboral real y efectiva, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores, a los que a cambio de dinero daban de alta en la Seguridad Social.
Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de la Seguridad Social. Asimismo, mediante la utilización de los falsos contratos, lograban las autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
Por el momento, los investigadores han esclarecido un total de 980 delitos de falsificación y estafa, han destapado un fraude de 10.666.627 euros y han arrestado a 235 personas e imputado a otras 377.
Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, de la UCRIF Central de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de las jefaturas superiores de Policía de Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia.