El Gobierno prevé que la reducción de los beneficios que obtienen las centrales eléctricas (contemplados en un proyecto de ley) reporte unos ingresos de 1.000 millones de euros anuales, que el Ejecutivo destinará a reducir los cargos en el precio de la luz.

Concretamente, según ha indicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, este proyecto, junto con otro que también ha sido aprobado, permitirá "reducir en un 15% la factura de los consumidores".

Una reducción que parte, según el Ejecutivo y sus previsiones, de los ingresos mencionados, que se obtendrán de la minoración del beneficio que obtienen las centrales no emisoras anteriores a 2005. Así, según el Gobierno, de este dinero un 90 % se destinará a financiar el régimen de las renovables y el 10 % restante a las administraciones para financiar el bono social a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social.

Además, cubrirá parte de los objetivos de recaudación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, cuyo proyecto de ley ha aprobado el Consejo de Ministros y por el que distribuidores de productos petrolíferos al por mayor y operadores de gas, contribuirán también a financiar costes regulados (principalmente los 6.500 millones de las renovables), con lo que las compañías afectadas por el Fondo pagarán menos de lo previsto inicialmente.

Por "fuerza mayor"

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