Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, se han manifestado a favor de levantar el veto del Gobierno de Mariano Rajoy a dos iniciativas legislativas de la oposición: una proposición de ley de Ciudadanos sobre el fomento del autoconsumo eléctrico y otra de Unidos Podemos-En Comú-En Marea para la transferencia a Galicia de la titularidad y competencias de la autopista AP-9.
Ha sido en la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, donde la mayoría de los grupos se ha mostrado en contra del veto impuesto en su día por el Ejecutivo del PP a esas dos iniciativas. La decisión final la deberá tomar la Mesa del Congreso en una próxima reunión.
Ciudadanos, que en lo que va de legislatura venía aceptando en la Mesa los escritos de disconformidad del Gobierno a iniciativas de la oposición, ha justificado el cambio de postura en la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que dio la razón a la Cámara frente al Ejecutivo de Mariano Rajoy en los dos únicos vetos que hasta ahora se habían levantado.
"Por fin se desbloquea el veto que había impuesto el PP a nuestra ley para suprimir el impuesto al sol", ha manifestado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha celebrado como una "buena noticia" que el Congreso vaya a debatir la supresión del impuesto al sol, una de las reivindicaciones del partido naranja en la lucha por el medio ambiente y por las energías limpias.
También ha aplaudido el cambio de criterios de Ciudadanos la nueva portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, antes de apuntar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actuará "como siempre" respecto a los vetos que impuso en su día el Gobierno de Rajoy a proposiciones de la oposición.
La semana pasada, la Mesa del Congreso acordó trasladar al nuevo Gobierno del PSOE todos los vetos que el Ejecutivo del PP presentó a leyes de la oposición y que aún estaban pendientes de resolución en la Cámara Baja.
Acogiéndose a lo establecido en la Constitución, el Gobierno del PP presentó esta legislatura más de 60 vetos a proposiciones de ley de la oposición o de parlamentos autonómicos al considerar que alteran sus previsiones presupuestarias.
