Escal UGS, sociedad que obtuvo la concesión del almacén de gas de Castor y participada en un 66,67% por el grupo ACS, recibió el pasado 11 de noviembre los 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto.
Según las cuentas enviadas por ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el martes pasado fue abonada esta cantidad como compensación a la inversión realizada en Castor y por los derechos retributivos devengados (pagos financieros y costes de operación y mantenimiento incurridos). El pasado 3 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley en el que aceptaba la renuncia a la concesión de Castor presentada por la participada por ACS y fijaba el importe de la compensación.
Los 1.350 millones de indemnización los asumió en un primer momento Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, a cambio de un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir a los consumidores, quienes abonarán este coste a través de la tarifa más un interés. El mecanismo de pago diseñado es parecido al del déficit de tarifa eléctrico, pero sin contar con el aval del Estado.
Al día siguiente de la aprobación de la norma, Enagás cedió el derecho de cobro a un grupo de entidades financieras, que son las que han abonado la cantidad a Escal. Al tiempo que se aprobó la indemnización, el Ejecutivo acordó su hibernación, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan. Castor está situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y su construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona.