El Gobierno ha remitido a Bruselas su plan presupuestario para 2023 y, por primera vez, habla de un "escenario dos" por, según reza el escrito trasladado a instancias europeas, el "alto nivel de incertidumbre y de inflación derivados del conflicto bélico de Ucrania". Es decir, se define un plan B que implica una mayor recaudación. En total, casi 20.500 millones de euros adicionales: 10.800 millones este año y 9.600 el que viene.

Unos ingresos que estarían recabados, tal y como se apunta en el mencionado documento, de la prórroga de las medidas tributarias energéticas, además del impacto positivo sobre el impuesto de sociedades o del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Este dinero adicional se utilizaría "para prorrogar y adoptar las medidas que se estimen más adecuadas con el fin de proteger a las familias, trabajadores y empresas más afectadas por la crisis energética".

El Plan Presupuestario se basa en un cuadro macroeconómico "prudente" contemplado en las cuentas públicas de 2023, que prevé un crecimiento de la economía española del 4,4% en 2022 y del 2,1% en 2023, en ambos casos un crecimiento por encima de la media de la zona euro y de las grandes economías comunitarias. El documento remitido a Bruselas contempla que el déficit público se situará en el 3,9% en 2023, lo que supone una reducción del 60% respecto al alcanzado en 2020 con el estallido de la pandemia. También recoge una reducción de la deuda pública del 115,2% en 2022 al 112,4% en 2023.

Prevén así un gasto similar a lo recaudado para que puedan mantener su previsión de déficit, en la cual se sustentan los Presupuestos Generales del Estado de 2023. En ese mismo informe el Gobierno saca pecho de su gestión: aseguran haber ayudado a sacar de la economía sumergida a 285.000 trabajadores gracias a medidas como los ERTE o la prestación extraordinaria para autónomos.

De hecho, el informe incluye el impacto positivo que el Plan de Recuperación tendrá en el crecimiento económico, que permitirá durante el periodo 2021-2031, un aumento medio en el nivel de PIB de unos 2,6 puntos. Por último, el documento refleja el compromiso del Gobierno con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, cuya financiación alcanzará los niveles más altos registrados. Todo en un día en el que la propia Comisión Europea ha tenido que salir a desmentir que se haya congelado los fondos europeos a España.