Según ha explicado en la rueda de prensa la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con este incremento acumulado de ocho puntos de la base reguladora, las pensiones de viudedad subirán un 7,7% desde agosto y 7,1% desde enero del año que viene.
El alza de la base reguladora supondrá un aumento del gasto estimado de la Seguridad Social de 301,31 millones de euros hasta final de año y de 1.381,73 millones de euros a partir de 2019, tal y como ha cifrado el Ministerio de Trabajo en un comunicado.
Este incremento estaba incluido en la reforma de las pensiones de 2011, que preveía la aplicación gradual de la subida en un plazo de ocho años a partir del uno de enero de 2012, alcanzando el 60% de la base reguladora en 2019.
No obstante, los gobiernos posteriores han ido aplazando la entrada en vigor de la medida hasta este año, "abandonando a su suerte" a este colectivo, de 465.000 personas, principalmente mujeres, ha dicho Celaá. La intención del Gobierno, ha asegurado, es aplicar esta medida "a las viudas más pobres, que reúnen unos requisitos que les hace acreedoras de que el Estado les haga trato especial".
Los beneficiarios deben haber cumplido ya los 65 años, no percibir ninguna otra pensión pública española o extranjera, y no tener ingresos por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena. Tampoco percibir rendimientos de capital de actividades económicas o ganancias patrimoniales por encima del límite previsto en los presupuestos (algo más de 7.000 euros al año), como ha precisado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Trabajo explica que no se aplicará el incremento a quienes cobran una pensión de viudedad complementada a mínimos. Esta mejora es independiente de la subida adicional de las pensiones que se aplicará con efectos retroactivos del pasado 1 de enero y que con carácter general supone un aumento del 1,35 % (que se suma al 0,25 % aplicado en enero). En el caso de las pensiones mínimas, la subida adicional será del 3 % (2,75 % + 0,25 %) en todas las modalidades.