El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el mecanismo para limitar el precio de la luz: un tope al coste del gas con el que se produce electricidad y cuyo coste desbocado lleva meses contaminando la factura de la luz.

El máximo al gas se fijará de manera inicial en 40 euros/MWh, la mitad de los ochenta euros de media que ha marcado en el último trimestre, aunque en los doce medios de duración rondará los 48,8 euros/MWh. La medida ha sido aprobada de manera simultánea por los Ejecutivos español y portugués, ya que forma parte de la llamada "excepción ibérica", un reconocimiento a la isla energética que es la Península Ibérica y que va a permitir aliviar las facturas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que la herramienta aprobada hoy por el Gobierno consiste en una "limitación en la referencia del precio del gas a la hora de vender al sistema eléctrico". Este tope será de 40 euros durante seis meses, hasta prácticamente final de año, y posteriormente irá creciendo mes a mes hasta alcanzar un promedio de 48,8 euros/MWh.

Con este mecanismo, ha indicado, el precio medio de la electricidad en el pool debería caer hasta los 130 euros/MWh frente a los más de 210 euros/MWh de media que se han alcanzado en los últimos meses. Portugal ha aprobado al unísono esta herramienta.

"Es una reducción que llegará a todos los consumidores, que no tienen que hacer nada para verse beneficiados", ha explicado la responsable energética del Ejecutivo. Los contratos fijos con duración de un año se irán incorporando al mecanismo conforme se van actualizando sus acuerdos con las compañías.

A juicio del Gobierno, además de reducir el recibo, este mecanismo permitirá una reducción de la inflación y también favorecerá que la producción industrial se mantenga.

Modificación del PVPC

Si bien ha explicado la ministra hoy se ha aprobado el decreto en el Consejo de Ministros, la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, pero queda supeditada también a la 'luz verde' formal de la Comisión Europea. Por lo que podría entrar en vigor a finales de mayo principios de junio. "Tendremos que esperar a que la Comisión Europea adopte formalmente, en línea de lo ya anunciado en carta remitida el pasado lunes, el respaldo a la norma que se publique en los diarios oficiales", ha aseverado.

A cambio, según ha podido saber laSexta, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a modificar la tarifa regulada a cambio de poder aprobar este límite. "Una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC). Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato", señala el preámbulo del decreto.

Según la vicepresidenta, este mecanismo provoca que "por primera vez no pagan los mismos". Este mecanismo provocará que se recorten los llamados beneficios extraordinarios del resto de tecnologías que eran más baratas pero que se beneficiaban del "efecto contagio" en el precio del gas: son muy baratas de producir pero se vendían al coste de la tecnología más cara.

Así, el mecanismo ataja dos vertientes: al tiempo que limita estos beneficios extraordinarios, también corta el precio desbocado al establecer una minoración de los beneficios por reducción del precio del gas.

De hecho, la ministra ha mandado un recado a los dirigentes de las compañías energéticas. "No significa que entren en pérdidas: van a seguir obteniendo beneficios. Nos hubiera gustado mucho que las empresas hubieran tenido un comportamiento más acorde a la situación que estamos viviendo en este momento y hubieran podido hacer ofertas en el mercado libre más ajustadas a las necesidades", ha criticado.

De acuerdo con Ribera, la "excepción ibérica" permitirá, además, proteger el mercado interno en un momento de "grandes incertidumbres" y en un periodo de "alta volatilidad de las materias energéticas". "Tenemos asegurada una posición mejor de la que hubiéramos tenido en ausencia de un mecanismo como este", ha subrayado Ribera.

11 millones de beneficiados

Una vez aprobado, el mecanismo se va a remitir "inmediatamente" a la Comisión Europea, que "debe adoptar una decisión del colegio de comisarios para hacer efectiva su aplicación", según ha explicado estos días la vicepresidenta Ribera.

A falta de conocer los pormenores, el mecanismo beneficiará al 37% de los consumidores domésticos -aquellos que tienen tarifa regulada o PVPC, unos 11 millones- y hasta al 80% de los industriales, cuyas facturas están vinculadas al 'pool'.

De acuerdo con fuentes de la Vicepresidencia Tercera, se aprovechará la "estabilidad" que aporta la excepción ibérica para modificar la tarifa regulada, de tal manera que incorpore referencias de precios de los mercados de futuros, así como del diario e intradiario y que se empiece a aplicar a principios del próximo año. El objetivo, combinar estabilidad con incentivos para eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda.

"El 80% de la industria se va a beneficiar, la mayoría de nuestra industria está pagando los precios del pool", ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo la ministra de Industria, Reyes Maroto. "Sin duda en el momento en que estamos, invirtiendo en esas capacidades industriales sin un precio competitivo era difícil conseguir el incentivo para que la industria forme parte del plan de recuperación que estamos impulsando", ha insistido.

Sánchez: "Esta es la política que necesita España"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha felicitado a través de Twitter de la aprobación de la medida. El líder del Ejecutivo fue el principal muñidor del acuerdo junto con el primer ministro portugués, António Costa, por lo que su implicación con esta medida es máxima. "Hoy cumplimos un nuevo compromiso -escribe Sánchez-. Fijamos un tope al precio del gas, beneficiando a hogares y empresas que verán reducida su factura de la luz desde el próximo recibo".

Así, el presidente ha defendido que políticas como esta son las "que necesita España": "Política útil que atiende y resuelve las demandas de la gente", ha defendido.